Ante la poca efectividad de las estrategias que muchas organizaciones implementan por cuenta propia contra los crecientes riesgos en ciberseguridad, los gobiernos de países desarrollados, como el de EE. UU., han visto la necesidad de intervenir, generando nuevas regulaciones. Mientras tanto, en los países en desarrollo, donde existe la misma dificultad, aunque con el agravante de que la inversión en estrategias puede ser aún más baja, algunas entidades comienzan a sugerir que sus gobiernos adopten una postura similar. Fluid Attacks, compañía especializada en realizar pruebas de seguridad integrales en los sistemas informáticos de las organizaciones, describe algunas medidas que Latinoamérica debería tomar para fortalecer sus políticas públicas enfocadas a la ciberseguridad.
Para Felipe Gómez, Director Regional de Fluid Attacks, “Latinoamérica se ha convertido en un objetivo cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes debido a la ausencia de regulaciones sólidas en ciberseguridad”. Según el informe LATAM CISO 2023, en esta región ocurren 1.600 ciberataques por segundo. Este reporta, además, que el 11,3% de las organizaciones encuestadas no evalúan sus riesgos en ciberseguridad y que alrededor de un tercio tan solo lo hacen una vez al año.
Fluid Attacks describe a continuación cinco puntos que se deberían tener en cuenta:
- Ir más allá de la protección de infraestructura crítica: es cierto que las regulaciones deberían dirigirse primeramente a las organizaciones dentro de la categoría de “infraestructura crítica”, pero además deberían extenderse fuera de esta categoría, pues cada vez son más las compañías que ofrecen sus productos o servicios a través de tecnologías de la información y manejan datos sensibles de usuarios que también deben protegerse.
- Establecer requisitos mínimos de ciberseguridad: deberían plantearse directrices enfocadas a la implementación de medidas preventivas, lo que implicaría la exigencia de buenas prácticas como requisitos mínimos en el desarrollo y despliegue de tecnología. Entre estas prácticas deberían figurar las siguientes: emplear pruebas continuas para la detección de vulnerabilidades, remediar estas últimas prontamente y notificar de ellas a los usuarios, a quienes también se les debería informar sobre el buen uso de la tecnología.
- Requerir la divulgación de incidentes y de la estrategia de ciberseguridad: debería pedirse a las organizaciones que hagan públicos los incidentes de ciberseguridad que lleguen a sufrir. Además, estas deberían divulgar sus estrategias de gestión del riesgo y gobernanza, y declarar, por ejemplo, qué pericia tienen en ciberseguridad los miembros de sus juntas directivas.
- Crear entidades para contrarrestar el cibercrimen: el Estado debería considerar la creación de entidades dedicadas a investigar, perseguir, interrumpir, sancionar y desmantelar grupos de actores maliciosos. Esto podría llevar a entablar alianzas entre organizaciones públicas nacionales e internacionales.
- Disuadir del desarrollo de tecnología insegura: es necesario establecer leyes que sancionen a aquellas compañías de tecnología (sin importar su alto poder o reputación dentro del mercado) que entreguen productos básicos vulnerables, afectando la seguridad de organizaciones y usuarios que hacen uso de ellos.
