¿Puede el gasto social cambiar la realidad de la pobreza en Ecuador? ¿Puede la transformación digital aportar a una gestión pública más transparente y medible? En medio del debate sobre la efectividad del gasto social y la eficiencia de las iniciativas digitales, en el sur del país se desarrolla una propuesta que busca evaluar, transparentar y monitorear en tiempo real la gestión pública y su impacto territorial.
La génesis de esta propuesta tecnológica parte de una investigación económica. El estudio El gasto social y la pobreza multidimensional en Ecuador, desarrollado por el Grupo de Investigación Urbana y Regional de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), analizó la relación entre el gasto público y la reducción de la pobreza desde una perspectiva distinta a la medición tradicional. En lugar de trabajar con una lógica dicotómica de presencia o ausencia de pobreza, el equipo construyó un índice basado en teoría de conjuntos difusos, permitiendo identificar distintos grados de privación.
De la investigación a la gestión pública
“Nos planteamos identificar el efecto del gasto social sobre la pobreza multidimensional en Ecuador”, explica Diego García, investigador y director de la carrera de GovTech y Administración Pública de la UTPL. El análisis, basado en un modelo econométrico aplicado a datos provinciales entre 2009 y 2017, reveló que el gasto en bienestar social sí presenta efectos significativos en la reducción de la pobreza multidimensional, mientras que en educación y salud ese impacto no se refleja de forma directa.
Para García, esta diferencia responde a una razón estructural. Al tratarse de servicios universales garantizados por mandato constitucional, educación y salud benefician a toda la población, dificultando medir un efecto focalizado sobre los segmentos más vulnerables.
Otro hallazgo surgió durante la investigación: la dificultad para acceder a información pública en formatos procesables. Gran parte de los datos estaban disponibles únicamente en PDF, obligando al equipo a transcribir información y retrasando el análisis. Más que ausencia de datos, el problema evidenció barreras de accesibilidad y uso.
Una plataforma para evaluar y transparentar
A partir de esa necesidad nació GOBAB, una plataforma de gobierno abierto orientada a facilitar evaluación, seguimiento y toma de decisiones dentro de la gestión pública. Su propósito es fortalecer al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja hacia un modelo de gobierno abierto, apoyado en estándares internacionales.
La plataforma adopta como referencia la norma ISO 18091:2019, aplicada a gobiernos locales, y organiza la evaluación sobre 39 indicadores distribuidos en cuatro ejes: desarrollo institucional, desarrollo económico sostenible, desarrollo social inclusivo y desarrollo ambiental sostenible. Cada indicador se vincula con metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se evalúa mediante un sistema de semaforización que permite identificar cumplimiento, áreas de mejora y prácticas críticas.
Fredy Gómez, investigador del proyecto, explica que el proceso inicia con un autodiagnóstico basado en evidencia documental, resultados institucionales y requerimientos normativos, permitiendo identificar brechas reales de gestión. La evaluación no se limita a verificar ejecución de proyectos, sino que incorpora planificación, presupuesto, resultados y responsables institucionales.
Un piloto con visión de escalamiento
La implementación ha requerido más de cuatro años de trabajo e involucrado distintas administraciones municipales. El piloto inició en el Municipio de Loja, donde desafíos como la rotación de personal, la heterogeneidad documental y la verificación de resultados marcaron parte del proceso.
Además de la operatividad tecnológica, el proyecto contempla la creación de un observatorio ciudadano, una propuesta de ordenanza y el fortalecimiento de capacidades técnicas, con el objetivo de construir un modelo sostenible de gobierno abierto. Aunque Loja aún no forma parte formal de la Alianza para el Gobierno Abierto, la plataforma busca generar evidencia para cumplir con estándares asociados a transparencia, participación y rendición de cuentas.
El caso plantea una experiencia donde academia, gobierno local y tecnología convergen para construir herramientas de mejora continua en la gestión pública, con el desafío de escalar el modelo sin perder rigor técnico ni sostenibilidad institucional.
