La Cámara de Industrias y Producción (CIP) presentó el Observatorio de Comercio Ilícito durante el evento “De la detección a la acción”. La iniciativa busca generar evidencia, monitorear tendencias, proponer políticas públicas y visibilizar el impacto del comercio ilegal en el país.
Según la CIP, el comercio ilegal afecta la competitividad de 7 de cada 10 empresas en Ecuador y constituye un canal de financiamiento para el crimen organizado. Sus consecuencias alcanzan la seguridad ciudadana, la salud pública y la recaudación fiscal.
En 2023, las pérdidas fiscales se estimaron en USD 500 millones, mientras que en 2024 las incautaciones alcanzaron USD 118 millones.
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la CIP, subrayó que combatir este fenómeno requiere un compromiso colectivo: “Esta no es una lucha de un solo sector, sino una causa nacional que demanda alianzas entre el Estado, la empresa privada, la academia y la ciudadanía”.
Durante el encuentro, se insistió en fortalecer los canales de denuncia, modernizar controles aduaneros, endurecer el marco normativo y promover campañas de sensibilización al consumidor.
