Los cambios anunciados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) introducen nuevos plazos y restricciones en la gestión de la facturación electrónica en Ecuador. A través de la resolución NAC-DGERCGC25-00000014, la entidad tributaria establece condiciones más estrictas para la anulación y administración de comprobantes electrónicos, con impacto directo en los procesos operativos de empresas y profesionales.
Entre las disposiciones, se establece que las anulaciones de facturas, comprobantes de retención y otros documentos electrónicos solo podrán realizarse hasta el día 7 del mes siguiente a su emisión. Además, los comprobantes emitidos a consumidor final no podrán ser modificados, y cualquier anulación deberá gestionarse exclusivamente por los canales electrónicos oficiales del SRI. Según la entidad, estas medidas buscan reforzar el control tributario y avanzar hacia un entorno fiscal completamente digital.
Desde la perspectiva de Security Data, empresa especializada en firma y facturación electrónica, la reducción de plazos y la eliminación de procesos manuales obliga a las organizaciones a revisar la estabilidad y el nivel de integración de sus sistemas. La compañía señala que los nuevos lineamientos requieren plataformas alineadas con la normativa vigente, con capacidad de operación continua y controles adecuados.
En ese marco, Nathaly Grijalva, coordinadora de Marketing de Security Data, advierte que el nuevo esquema normativo demanda mayor capacidad de reacción para reducir errores desde el inicio del proceso de emisión. “La automatización, la trazabilidad documental y el control de accesos pasan a ser elementos necesarios para evitar inconsistencias y posibles sanciones”, señala.
El cambio regulatorio también pone el foco en la prevención. Entre las medidas recomendadas por especialistas del sector se incluyen la capacitación de los equipos responsables de la facturación, la implementación de controles de acceso para reducir errores o manipulaciones indebidas, la protección de las credenciales del SRI y la adopción de respaldos automáticos que faciliten la atención de auditorías o requerimientos oficiales.
Security Data indica que este ajuste normativo se enmarca en una tendencia regional hacia la automatización del ecosistema tributario, donde la información fiscal circula con mayor rapidez y niveles de control más elevados.
