La ciberseguridad es un tema estratégico para la continuidad de las organizaciones, la protección de los datos y la confianza de los ciudadanos.
Solo entre enero y junio de 2026, Ecuador registró siete eventos de alto impacto dentro de un total de 80 incidentes que comprometieron más de 82 millones de registros, afectando a instituciones públicas, entidades financieras y organizaciones privadas. Más allá de la cifra, estos eventos evidencian una vulnerabilidad estructural que trasciende el ámbito tecnológico y alcanza dimensiones económicas, operativas y reputacionales.
La situación local no es aislada. A nivel mundial, el cibercrimen continúa creciendo a una velocidad sin precedentes. En el primer trimestre de 2024 se expusieron más de 30.000 millones de registros en una sola filtración. En 2025, un incidente comprometió 16.000 millones de credenciales activas, mientras que durante el primer trimestre de 2026 se identificaron 85 grupos de ransomware responsables de más de 2.000 víctimas. Paralelamente, los ataques de denegación de servicio (DDoS) aumentaron un 187% respecto al año anterior.
La incorporación masiva de herramientas de inteligencia artificial ha acelerado aún más este escenario. “Los ciberdelincuentes aprovechan una distracción, un clic o una credencial expuesta para afectar a personas, empresas e instituciones. Por eso, la ciberseguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de procesos sólidos y de una cultura de seguridad y prevención en cada persona.”, afirma Paola Jácome, Líder de Seguridad de la información y Ciberseguridad de Puntonet.
Ecuador enfrenta desafíos particularmente complejos. El país apareció como el segundo mayor origen mundial de tráfico asociado a ataques DDoS durante el último trimestre de 2025. Esta posición no implica necesariamente que los ataques se originen localmente, sino que existe una gran cantidad de dispositivos, servicios e infraestructuras vulnerables que pueden ser utilizados por redes criminales internacionales sin que sus propietarios lo adviertan.
Además, datos de ARCOTEL muestran una tendencia preocupante. Durante 2025 se registraron 15 víctimas de ransomware y 32 eventos de filtración de datos en sectores como energía, salud, finanzas, educación, construcción y gobierno. En los primeros meses de 2026, al menos 18 entidades adicionales reportaron presuntos incidentes de seguridad, reflejando que el riesgo ya forma parte del entorno operativo de las organizaciones ecuatorianas.
Uno de los aspectos más relevantes de estos incidentes es que aprovecharon la confianza y descuido del usuario mediante técnicas de suplantación de identidad e ingeniería social, así como sistemas sin actualizar, configuraciones incorrectas o el acceso de proveedores externos sin controles suficientes. De hecho, el 52 % de los incidentes de seguridad registrados en 2025 comenzó con un correo electrónico, un mensaje o una invitación aparentemente legítima. En estos casos, bastó con que una persona hiciera clic en un enlace o compartiera información sensible para comprometer la seguridad de la organización.
Las organizaciones han destinado más recursos a herramientas de detección y protección pero los incidentes crecen de forma acelerada. El problema posiblemente radica en que las inversiones tecnológicas se realizan de manera aislada, sin una estrategia integral que considere personas, tecnología y procesos enfocados en la prevención, detección y contención de las amenazas así como la creación de una cultura de ciberseguridad que sea el punto fuerte de la protección.
La ciberseguridad debe entenderse como una responsabilidad transversal que involucra a toda la organización. La resiliencia digital no se construye únicamente con tecnología, sino mediante una combinación equilibrada de herramientas, procesos, monitoreo especializado y formación permanente de los equipos humanos.
“Las organizaciones suelen pensar que la ciberseguridad se resuelve comprando más tecnología, pero la experiencia demuestra que el desafío es mucho más amplio. La resiliencia digital se construye con procesos claros, acompañamiento especializado y una cultura de seguridad que involucre a toda la organización”, señala la ejecutiva.
La discusión de fondo, sin embargo, va más allá del cumplimiento de una normativa. Ecuador necesita desarrollar una verdadera cultura de seguridad digital que permita anticiparse a las amenazas, responder de manera efectiva y proteger la infraestructura crítica que sostiene la actividad económica del país. Una interrupción operativa o una filtración de datos ya no representan únicamente un problema tecnológico; pueden generar pérdidas financieras, sanciones regulatorias, daños reputacionales y una disminución de la confianza de clientes y ciudadanos.
La ciberseguridad es un desafío presente que exige visión estratégica, inversión inteligente y compromiso organizacional. Las empresas que comprendan esta realidad estarán mejor preparadas para enfrentar un entorno donde la protección digital se ha convertido en un factor determinante para la sostenibilidad y competitividad de los negocios.
