La ciberseguridad se consolida como una prioridad estratégica para las organizaciones. Sin embargo, el incremento de la inversión tecnológica todavía no se traduce en una preparación integral frente a las amenazas digitales. Según los resultados para Latinoamérica del estudio 2027 Global Digital Trust Insights de PwC, el 74% de las organizaciones prevé aumentar su presupuesto de ciberseguridad en 2027, mientras que apenas el 42% dispone de un plan de continuidad operativa plenamente formalizado e integrado para enfrentar riesgos cibernéticos.
Esta brecha evidencia que el principal desafío empresarial no radica únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino en fortalecer la gobernanza, anticipar riesgos y garantizar la continuidad del negocio ante posibles incidentes.
“La ciberseguridad dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las áreas tecnológicas para convertirse en una prioridad de la alta dirección. Las organizaciones necesitan integrar los riesgos digitales en sus decisiones estratégicas, porque un ciberataque puede comprometer su operación, sus resultados financieros y su reputación”, señaló Patricio Ramón, Socio de Risk Services de PwC Ecuador.
El estudio también revela que el 68% de las organizaciones sitúa a la inteligencia artificial entre sus principales prioridades de inversión en ciberseguridad. Sin embargo, su adopción plantea nuevos desafíos: el 55% identifica la falta de fiabilidad y madurez de esta tecnología como una de las principales barreras para ampliar la autonomía de los agentes de IA en las operaciones de seguridad. A esto se suma que apenas el 22% autorizaría a estos sistemas a ejecutar acciones de ciberdefensa de manera totalmente autónoma, sin aprobación humana, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control.
A estas preocupaciones se suma la protección de la información empresarial. Los resultados muestran que apenas el 5% de las organizaciones ha implementado plenamente todas las medidas de gestión de riesgos de datos, lo que refleja oportunidades de mejora en los mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta.
Ecuador frente a un nuevo escenario regulatorio
En el país, estos desafíos adquieren mayor relevancia con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, publicada en mayo de 2026, que establece nuevas responsabilidades para las entidades sujetas a su ámbito de aplicación, incluyendo disposiciones sobre notificación de incidentes, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas.
“Con la nueva Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, las empresas en Ecuador enfrentan mayores exigencias para prevenir y responder a incidentes digitales, incluyendo plazos de notificación y posibles sanciones económicas de hasta el 1,5% de sus ventas. Este nuevo escenario obliga a las organizaciones a evaluar sus vulnerabilidades y fortalecer su capacidad de respuesta”, señaló Fernando Fernández, Gerente Senior de Digital Risk de PwC Ecuador.
Este escenario exige que las organizaciones evalúen sus niveles de preparación, identifiquen vulnerabilidades y fortalezcan sus mecanismos de respuesta. Para PwC Ecuador, avanzar hacia una estrategia integral de ciberseguridad permitirá no solo responder a las exigencias regulatorias, sino también proteger la continuidad operativa, fortalecer la confianza y generar valor sostenible para los negocios.
